“Tuvimos que pedir una pena mínima, cuando sostenemos que son inocentes. No tengo nada que decir de estos jueces, porque cumplieron una obediencia que era lo que querían (Susana) Trimarco y (José) Alperovich”, afirmó el abogado Jorge Cáceres, defensor de José Fernando “Chenga” Gómez.
El letrado se quedó en la puerta de la alcaidía del Palacio de Justicia, hasta que todos los imputados fueron trasladados a unidades penitenciarias. “No tengo nada que decir de estos jueces, porque no los conozco. Esto es una cuestión política que viene salpicando desde hace rato”, afirmó Cáceres.
Definir al fallo como político fue el principal argumento de los defensores, al dialogar con la prensa. “Esto no se termina. La sentencia no está firme y vamos a llegar hasta la Corte Suprema de la Nación”, dijo Juan Carlos López Casacci, representante de Mariana Bustos.
Precisamente, a los condenados aún les quedan dos vías recursivas. El fallo podrá ir en casación para que la Corte Suprema tucumana, con una integración distinta a la que sentenció en diciembre pasado, resuelva.
Es decir que Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar no volverán a intervenir en el caso. El vocal de la Corte, Daniel Posse, ya se excusó en febrero pasado de intervenir, porque es pariente de Carlos Posse, uno de los abogados defensores. Así, el recurso de casación debería ser resuelto por René Goane, e integrarse el máximo tribunal por dos camaristas.
Esta no será la última instancia, ya que las partes podrán presentar un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema de la Nación la que dicte la sentencia definitiva.
“La Corte tucumana, que tendría que haber hecho una revisión del caso, hizo un reenvío y declaró la responsabilidad criminal, transformándose en un tribunal de juicio. No conocen el expediente, no escucharon a las testigos, que muchas de ellas mintieron. De todos sus dichos no pudieron acreditar una sola prueba. Lamentablemente, hoy la Justicia está empeñada en darle la razón a Trimarco”, dijo Cáceres.
“Había adelantado en mis alegatos que la fiscalía y la querella estaban pidiendo penas bastante altas, y creo que el tribunal entendió eso. El abogado (José) D’Antona había pedido 24 años y seis meses para Juan Derobertis y el fiscal (Carlos) Sale 15 años, y lo condenaron a 12 años. Además les dictaron la prisión preventiva pero con caución”, dijo, por su parte, el defensor oficial Hernán Molina.
Los letrados intentaron durante la audiencia, cuestionar el fallo de la Corte Suprema, pero se encontraron con la férrea conducción del presidente del tribunal, Dante Ibáñez, quien les remarcó que no se encontraban en una instancia en la que pudieran realizar esos argumentos. “Es una audiencia de visus para fijar la condena, así lo manda la sentencia”, aclaró el magistrado en varias oportunidades.
“Al tribunal no le quedaba otra, pero podrían haber mantenido la libertad. Ellos no hicieron la sentencia, no saben si están bien o no los fundamentos”, afirmó Cáceres.